Por: Carlos Andrés Naranjo Sierra
«Hecha la ley, hecha la trampa» dice un conocido adagio popular, muy mencionado en Colombia. Este hace referencia a que una vez que se dicta una norma, la gente inmediatamente busca como hacerle el esguince. Nuestros legisladores parecen no solamente saberlo sino también desearlo ¿Son idiotas y establecen criterios legales sin coherencia o hay intereses que buscan beneficios personales de una maraña normativa que hace prácticamente imposible su cumplimiento? Veamos.
Impunidad y corrupción
Puede ser que quienes establecen las normas, decretos y leyes sean idiotas, es decir, tontos o cortos de entendimiento, según la Real Academia Española. Esto es perfectamente posible en un país en donde quien no consigue trabajo se dedica a la política. Pero es bastante sospechoso que esos mismos idiotas, cuando promulgan una ley, soliciten exenciones, investiduras y fueros para evitar ser cobijados por ese mismo código. Su nivel de sagacidad y desfachatez deja entrever que la idiotez no parece ser la excusa, o esta tiene en nuestros políticos otros matices.
Pero si quienes legislan y ejecutan la ley lo hacen pensando en su beneficio particular, estamos entonces ante un escenario en donde la ley, lejos de proteger, agrede y vulnera los derechos de los ciudadanos. Las estadísticas parecen darle la razón a esta última hipótesis, que coloca a Colombia en los primeros puestos de impunidad judicial en el mundo, después de Filipinas y México (Índice Global de Impunidad 2015. Universidad de las Américas de Puebla) y en los últimos escaños, con un puntaje de 37 sobre 100, con uno de los más altos índices de percepción de la corrupción (Corruption Perception Index 2014. Transparency Internacional).
Leyes y penas
¿Necesitamos más normas y endurecer las penas? Si el asunto fuera de número de normas estaríamos en Colombia cerca del paraíso pues nuestro sistema judicial es uno de los más fecundos del mundo. Son tantas las leyes que en ocasiones se contradicen unas con otras, permitiendo que casi cualquiera pueda ser procesado por acción o por omisión, según la conveniencia. Si alguien decide entrar en el mundo de las candidaturas y el ejercicio político, podrá comprobarlo con facilidad.
Si el tema fuera de endurecer las penas, como proponen algunas iniciativas ciudadanas en casos como la pederastia o el secuestro, entonces deberíamos encontrar una relación entre los delitos con mayores penas y los menos cometidos pero la verdad es que no hay tal. Los estudios psicológicos tienden a demostrar que la eficacia de la pena está más en su certeza que en su gravedad. Aumentar las penas también implica un problema adicional y es que aumenta los subregistros y la corrupción, ya que la gente y las autoridades pagan y cobran por el silencio.
Impuestos y multas de tránsito
Uno de los casos más comunes y cercanos para la gente son los impuestos y las multas de tránsito, que en Colombia muchas veces rayan en lo inverosímil. Nuestros impuestos municipales y al consumo parecen no tener consideración con los gastos en vivienda, salud, educación y transporte que tenemos que asumir por nuestra cuenta los tributantes. En términos globales, nuestra Tasa Total de Impuestos sólo es superada por Argentina y Bolivia en Sudamérica (Paying Taxes 2014. Pricewaterhousecoopers).
En Bélgica, las multas por manejar hablando por celular o por no llevar puesto el cinturón de seguridad cuestan €50 (equivalente a $135.000), mientras que en Colombia esa misma infracción cuesta por lo menos $161.100, si se paga anticipadamente y se asiste a un curso, ya que el valor total es $322.000. Algunos dirán que los europeos son más educados que nosotros y necesitan menos coerción, pero la verdad es que las cifras no indican una disminución sustancial de las infracciones y si más bien, un considerable aumento de los sobornos a las autoridades policiales o de tránsito, unas de las principales beneficiadas con el aumento de las multas.
¿Y qué decir de otros cientos de organismos oficiales como las oficinas de Planeación o las Curadurías? La bien intencionada ley 400 de 1997 ha terminado cediendo ante los obsequios y donaciones non sanctas de personas naturales y empresas constructoras, que prefieren darle dinero a un empleado público, para que les eche una mano con la aprobación de su proyecto, que invertir en estudios y materiales adecuados. Claro, no siempre la culpa es de la ley, pero un ambiente corrupto estimula el incumplimiento sistemático de todas las normas y aumenta los costos para quienes están dispuestos a respetar la legalidad. Muchos abogados lo saben y también se lucran de ello.
Pocas leyes efectivas
¿Qué hacer entonces? Mi propuesta es simple: pocas leyes, con penas y multas razonables, abogando más por su cumplimiento que por su aumento. Hacer lo contrario es estimular al evasor, castigar al cumplidor y de paso llenar los bolsillos de cientos de personajes que se lucran de este círculo perverso. Puede ser que en estrictos términos económicos sea más rentable sobornar que cumplir pero no así en términos morales o sociales, los cuales también son un costo para todos. Sin normas sensatas, equilibradas y efectivas, los idiotas ganan y el resto, como siempre, seguimos perdiendo.
